Tras semanas de negociaciones, el gobierno de Javier Milei firmó el proyecto final de reforma laboral que será enviado al Congreso en las próximas horas. La iniciativa busca modernizar las normativas vigentes y establece modificaciones en áreas sensibles como vacaciones, banco de horas, indemnizaciones, despidos y organización del trabajo. El texto fue elaborado en el ámbito del Consejo de Mayo y reunió a funcionarios nacionales, legisladores, gobernadores, empresarios y sindicatos, muchos de los cuales manifestaron su rechazo.
Vacaciones
El proyecto mantiene los estándares de la Ley de Contrato de Trabajo pero incorpora flexibilidades. Empleadores y empleados podrán acordar individual o colectivamente una ampliación del período vacacional, respetando los mínimos legales. El empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1° de octubre y el 30 de abril y notificar con al menos 30 días de anticipación.
Una novedad clave es que cada tramo fraccionado no podrá ser menor a siete días y que, al menos una vez cada tres años, el descanso deberá incluir parte del verano. Las vacaciones fuera del período legal solo podrán concederse por causas justificadas y con autorización oficial.
Banco de horas
El texto habilita un régimen voluntario de compensación de horas extraordinarias entre empleador y trabajador, con acuerdo escrito y controles de registro. Los convenios colectivos podrán establecer cálculos por promedio, garantizando descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales. La herramienta permitirá alternar días largos y cortos sin superar los máximos legales.
Indemnizaciones y despidos
El proyecto incorpora fondos o seguros sectoriales de cese laboral como alternativa al modelo tradicional. Serán financiados con aportes mensuales patronales e incluirán salario básico, sumas habituales y antigüedad, excluyendo pagos extraordinarios. La base de cálculo tendrá un tope de hasta tres veces el salario promedio del convenio y un piso del 67%.
En caso de despido sin causa, la indemnización seguirá siendo de un mes de salario por año trabajado o fracción mayor a tres meses, tomando la mejor remuneración normal y habitual del último año.
En actividades esenciales, se fijan servicios mínimos: 75% en sectores críticos y 50% en ramas estratégicas como salud, energía, transporte, educación, logística, bancos y comercio digital.
Si un despido es declarado inválido, el trabajador podrá elegir entre la reincorporación o el cobro de la indemnización. Si opta por volver, la empresa deberá regularizar la relación y pagar los salarios caídos.
Remuneraciones y documentación laboral
El proyecto actualiza el régimen salarial y habilita la incorporación de sumas fijas, variables y beneficios sociales. Los recibos de sueldo, planillas y certificados médicos deberán digitalizarse obligatoriamente, con la misma validez que la documentación en papel.
Los comprobantes deberán detallar contribuciones e importes adicionales, y la autoridad laboral podrá requerir más información para garantizar la transparencia.
Enfermedad y ausencias
Se reconoce la validez plena de certificados médicos digitales, con verificación a través de un sistema centralizado. La reincorporación requerirá alta médica definitiva y, si el alta es parcial, la remuneración será proporcional a la capacidad laboral. El empleador deberá notificar ausencias prolongadas antes de aplicar sanciones o extinguir el vínculo.
Trabajo en casas particulares y sector agrario
Para el personal doméstico, el período de prueba se extiende a seis meses y los recibos serán completamente electrónicos. Se regulan condiciones específicas sobre descanso, provisión de ropa, elementos de trabajo, alimentación y seguros.
En el régimen agrario se crea un contrato permanente de prestación continua con período de prueba de ocho meses. Cualquiera de las partes podrá finalizar la relación sin indemnización durante ese plazo, con un aviso previo de 15 días.
Fondos de Asistencia Laboral
El proyecto crea los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), financiados con aportes patronales del 3% del salario computable. Funcionarán como respaldo ante despidos en el sector privado y tendrán procedimientos específicos para su administración y liquidación.
Repartidores y plataformas digitales
Se crea un régimen especial para trabajadores de reparto y mensajería por plataformas. Deberán registrarse en ARCA, realizar aportes, contar con cobertura social y disponer de una cuenta bancaria. Tendrán derecho a rechazar pedidos, conocer motivos de bloqueos y recibir el 100% de las propinas.
Subcontratación y transferencias
El articulado delimita la responsabilidad solidaria en casos de subcontratación, delegación o empresas vinculadas, y la limita cuando el empleador verifica la identidad y obligaciones de la otra parte.
Litigios laborales y prácticas sindicales
El proyecto incorpora sanciones por “pluspetición inexcusable” en reclamos desmedidos y agiliza remisiones judiciales por empleo no registrado. Regula prácticas sindicales, reduce el crédito horario de delegados a diez horas mensuales y exige autorización para realizar asambleas dentro de los establecimientos. El tiempo utilizado no será remunerado. Los bloqueos y tomas de plantas se consideran infracciones muy graves.
Convenios colectivos y formalización laboral
Desaparece la ultraactividad: al vencer un convenio, solo se mantienen las condiciones laborales hasta que haya un nuevo acuerdo o una prórroga. La autoridad laboral podrá suspender cláusulas si generan distorsiones económicas.
El proyecto también incluye el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que regirá por un año con reducciones de contribuciones patronales para nuevos trabajadores.
Fuente: LT10
